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PRESENCIA CDT EN LOS MEDIOS 

LA UDEF INVESTIGA A LA ENTIDAD LLAMADA GITANA, UNIÓN ROMANI

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La juez de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, investiga otro posible fraude millonario en las subvenciones de tipo social y que podría poner en duda la labor realizada por las organizaciones en pro del pueblo gitano durante años. Concretamente, la magistrada está llevando a cabo diligencias contra la Unión Romaní, entidad que preside el exdiputado socialista en cortes Juan de Dios Ramírez Heredia, por las posibles irregularidades que se habrían detectado en esta organización tras la denuncia por despido realizada por un extrabajador. Según han confirmado a ABC fuentes judiciales, el juzgado de lo Social número 8 de Sevilla detectó irregularidades en las contrataciones y de allí el caso pasó a comienzos de 2013 a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la llamada Udef, que desde entonces viene investigando las ayudas recibidas por ésta y otras ONG gitanas y si los proyectos subvencionados se han llevado a cabo o no.

En este contexto, la juez número 10 dictó una providencia el pasado 6 de junio en la que rechazaba la personación en las diligencias de la Unión Romaní «en calidad de perjudicado», como era la intención de esta entidad tras los mandamientos de la magistrada reclamando documentación a este colectivo, aclarándole que «de lo actuado hasta el momento puede que existan indicios racionales de criminalidad contra esa entidad o personas vinculadas a la misma, siendo precisamente ello el objeto de esta investigación, que tiene como fin averiguar si han existido o no irregularidades y fraudes en el destino de las subvenciones que obtuvieron de distintos organismos oficiales». Hasta ahora la Policía ha tomado declaración a varios directores de centros educativos en los que la Unión Romaní lleva a cabo proyectos y el resultado de estas diligencias ha sido trasladado al juzgado, donde la magistrada ha comenzado a tomar medidas.

Además, se ha hecho con los certificados de evaluación de los proyectos de estos colegios. En la mayoría de ellos se especifica, dentro del apartado «dificultades encontradas en el proceso de realización de los proyectos de absentismo escolar y tránsito en el centro», la siguiente afirmación: «Los materiales escolares para las actividades programadas han sido aportados por el centro educativo». Las subvenciones exigían que esta aportación la hiciera la Unión Romaní, que, de hecho, en sus cuentas tiene registrados estos gastos. Sin embargo, en los propios colegios lo niegan.

Las ayudas analizadas proceden del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, el Ministerio de Servicio de Voluntariado Europeo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Instituto de la Juventud, entre otras administraciones públicas. Y la denuncia parte de un grupo de gitanos que han trabajado en la Unión Romaní y aseguran que nunca tuvieron los medios que aparecen en las justificaciones para llevar a cabo su labor de integración de la comunidad gitana.

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